Desde coloquio de la Corte Suprema, expertas en derecho piden regular plataformas de IA

Desde coloquio de la Corte Suprema, expertas en derecho piden regular plataformas de IA

La jornada desarrollada en Uninorte analizó el impacto de la IA, las plataformas y los nuevos desafíos en democracia, libertad de expresión, regulación y responsabilidad en la esfera pública digital.

 

Por: Emily Soto Lizarazo

 

Audrey Tang, la primera ministra de Asuntos Digitales de Taiwán, hizo parte de la lista de las 100 personas más influyentes en IA de la revista Time en 2023, y se ha enfocado en utilizar estas nuevas tecnologías para promover su regulación y fortalecer el diálogo democrático. Su modelo de gobernanza de la IA se basa en dos principios: sistemas de código abierto y alineación con los valores democráticos. Por ello, Tang apostó por deliberar con la ciudadanía sobre temas de interés apoyándose en la inteligencia artificial para ayudar al debate público con el proyecto Alignment Assemblies (Asambleas de Alineación).

De esta forma, se seleccionaron a más de 400 ciudadanos para hacer parte de una gran discusión sobre el alcance, los límites y la ética de la IA en el país. Los participantes conversaron en salas virtuales moderadas por agentes de inteligencia artificial, por lo que cada una cumplía con su tiempo de intervención y se promovía una sana participación democrática.  Con la información recolectada se crearon informes que permitieron a los ciudadanos identificar puntos de convergencia, desacuerdos recurrentes y preocupaciones comunes, que ayudaron a tomar decisiones políticas en Taiwán.

Ese modelo de gobernanza digital, que recurre a la tecnología para ampliar la esfera pública en lugar de restringirla, fue el ejemplo con el que se ilustró el panel Algoritmos, esfera pública y Estado social de derecho: gobernanza digital y extraterritorialidad, el primero de la jornada Justicia y Ciudadanía: libertad de expresión, tecnología, desinformación y responsabilidad digital, organizada el 8 de septiembre por la Corte Suprema de Justicia en el auditorio Marvel Moreno de la Universidad del Norte, con el apoyo de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Viridiana Molinares, escritora y docente del Departamento de Derecho de Uninorte; Catalina Botero, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional; Carolina Botero, asesora de la Fundación Karisma; y la moderadora María Juliana Soto, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Icesi, conversaron sobre las regulaciones urgentes que se necesitan para las plataformas digitales y empresas de IA, y de qué forma Colombia debe actuar legal y políticamente en la creación de gobernanza.

El concepto actual de democracia

Para Molinares, no vivimos una crisis sino una “transformación de la democracia”, debido a que el concepto que se utiliza comunmente responde a una forma de comunicación concreta de los atenienses en su época. “La inteligencia artificial generativa y las redes sociales nos han cambiado y están planteando la posibilidad de reconstruir una nueva forma de democracia porque nos estamos comunicando de una forma diferente”.

Asimismo, la docente afirmó que “la libertad de expresión por sí sola no garantiza la democracia”. Si bien el expresarse libremente es uno de los derechos que más se ejercen en la actualidad, las plataformas digitales “han diseñado una plaza pública que desde su creación no nos permiten escuchar”, siendo esta una capacidad esencial para el ejercicio democrático. “Para que pueda haber una democracia se necesita deliberación y para que haya deliberación se necesita escucha y la escucha solo es posible si se antecede el silencio”, aseguró.

Problemas de diseño y resistencia

Carolina Botero consideró que lo más importante con respecto a la IA “es intentar regular el contenido cuando el problema estructural es de diseño”. Ante eso, la abogada enfatizó en que las plataformas están atravesadas por “un modelo de negocio que favorece la viralidad de los contenidos más atractivos y facilita los procesos de desinformación” y que, además, cuentan con la capacidad para ser personalizados, automatizados y amplificados.

Es así que resulta necesario rechazar los diseños de estos modelos algorítmicos y de inteligencia artificial extranjeros. “Eso suena complicado porque esto responde a una economía de mercado globalizada y, en ese contexto, Colombia es una economía muy pequeña, sobre todo cuando Estados Unidos y China están usando las herramientas que tienen a su alcance para exportarlas”.

Sin embargo, para Botero la pequeña posibilidad de resistir “no debe ser subestimada”, refiriéndose a casos como el de Taiwán. Por el momento, lo más importante, y una de sus preocupaciones centrales, es “no desplazar la responsabilidad”, ni siquiera en espacios del lenguaje en el que se humaniza a la IA con expresiones como “alucinó”, “cooperó” o “se fugó”, pues los humanos encargados de su construcción deben tomar responsabilidad de los errores de sus creaciones.

Una conversación que debe seguir

Catalina Botero, desde su visión como constitucionalista y experta en derecho internacional, advirtió que “no puede sostenerse la idea norteamericana de que las plataformas son inmunes contra cualquier cosa que pase a través de ellas, no puede darse personería jurídica a empresas de IA ‘autónomas’ cuando no hay humanos que puedan ser responsabilizados por sus actuaciones o sus omisiones y las compañías deben evaluar los riesgos del uso de sus servicios para adoptar medidas de control suficientes y transparentes”.

Finalmente, la exmagistrada auxiliar hizo énfasis en la necesidad de tener estas deliberaciones más allá de la rama judicial con respecto a la gobernanza, pues si bien hay plataformas con las que ha sido posible llegar a acuerdos, “otras que se han negado a tener esa discusión utilizan todo su poder como aliados del gobierno de los Estados Unidos para impedir siquiera la conversación sobre posibles formas de regulación”.

Esta primera conversación hizo parte de un debate todavía más grande que se extendió a temas como el papel del Estado en la era digital y la seguridad informática de los usuarios de las plataformas, con el apoyo de la Fundación Gabo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Barranquilla, la Fundación Sura, la Universidad de los Andes y El Tiempo.

La discusión no es solo sobre el uso de tecnología, sino también sobre la capacidad de las personas para desenvolverse autónoma y responsablemente en el ecosistema informativo digital actual. El entorno nos está exigiendo actuar con eficacia y no se trata de pensar en una solución punitiva, pero sí en una regulación que considere los deberes y las responsabilidades de los ciudadanos en su intervención en la vida pública. Necesitamos que la tecnología no nos divida, sino nos una”. Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

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