Los ratones hacen fiesta cuando…

Por: Edgardo A. Santiago Arrieta / Email: edgsanar@hotmail.com

Con el cuerpo normativo de decretos, resoluciones y circulares expedidas por el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, sus ministros y jefes de departamentos administrativos, se prohibió la salida de sus hogares a la mayoría de colombianos y residentes, incluidos los servidores públicos del Estado, con las excepciones relacionadas en el artículo 3º del Decreto 531 del 8 del mes en curso; es decir, se confinó también a los funcionarios de los organismos de control, por lo que el alcance de su trabajo se reduce a lo que puedan vigilar desde sus hogares, con las limitaciones de acceso a información que vergonzosamente protagonizan por igual gobernaciones, alcaldías, entes descentralizados y particulares que manejan o custodian recursos públicos.

El numeral 13 del artículo 3º del decreto 531 de 2020 faculta a seguir trabajando respecto al Estado, solo a los servidores públicos y contratistas cuyas actividades sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria, y para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables o esenciales el Estado, esto quiere decir que sólo algunos funcionarios de las personerías y contralorías podrían trabajar virtualmente, desde sus hogares, porque los diputados y concejales no pueden sesionar hasta que se aclare el tema por parte de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado a través de una consulta que al respecto le formularon. ¿Será que el control político y el control fiscal territorial están en el limbo?

Con la peste china o covid19 al control político y al territorial parece que deliberadamente les dieron vacaciones, porque no han podido o no se les ha permitido sesionar a ningún concejo o asamblea, a pesar de que este año están obligados a sesionar ordinariamente en los meses de marzo y abril, salvo los de categorías 3ª a 6ª que deben hacerlo en febrero, mayo, agosto y noviembre; ni a ningún contralor departamental, distrital o municipal o personero se les ve articulando acciones con los otros organismos de control para vigilar el manejo de los multibillonarios recursos públicos que se están destinando para afrontar la emergencia sanitaria declarada a través del Decreto 385 del 12 de marzo, sencillamente porque no han sido convocados a participar, como sí lo hicieron entre el Procurador, Contralor y Fiscal General de la Nación. Parece que el control territorial no sólo no existe, si no que no sirve, como lo repiten reiterada y morbosamente los medios de comunicación del centralismo.

No cabe duda que el centralismo se está saliendo con la suya, no sólo concentró el manejo de los más de 18 billones de pesos iniciales destinados para atender la emergencia sanitaria, radicándolos en cabeza del brillante y nefasto Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, sino que también lo hace con el control fiscal, pues la última Reforma Constitucional perpetrada a través del Acto Legislativo 04 de 2019, le cedió amplios poderes al Contralor General en detrimento de los contralores departamentales, distritales y municipales, hasta el extremo de darle poder para intervenirlas si, a su juicio, son ineficientes o imparciales, tal como puede comprobarse al leer el numeral 14 del artículo 268 superior en consonancia con el inciso 5º del artículo 272 ibídem.

La pata coja de este zarpazo a la descentralización conquistada por la Constitución del 91 se descubre en cada nuevo escándalo de corrupción que sorprende al país, pues, la cacareada mayor eficiencia y eficacia de la Contraloría General de la República y de los órganos de control central queda en entredicho al mirar estupefactos las artimañas y truhanerías sobre el desvío y hurto descarado de los recursos de entidades y programas como Ingreso Solidario, Adulto Mayor, Familias en acción y hasta del Icetex, cuyas denuncias ciudadanas crecen como avalancha en las redes sociales. ¿Sabe usted quién ha vigilado y vigila el buen manejo de esos recursos y entidades?, pues, la Contraloría General de la República, la misma que se apropió del control preventivo de advertencia y que, no contenta con controlar cerca del 60% de los recursos públicos, ahora podrá hacerlo sobre el 100% de ellos, con sólo alegar que cualquier contraloría territorial a cargo de vigilar el 40% restante, no es eficiente u objetiva.

Las contralorías territoriales están llamadas a dejar de ser actores de reparto en esta pandemia, pues no hay mejor elemento que conozca la idiosincrasia y las componendas en los territorios que sus habitantes y, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. No debemos permitir que se margine a los departamentos y municipios de ejercer sus propios controles, con sus propios y talentosos funcionarios.

Ahora que el control central pierde legitimidad para ejercer la vigilancia en forma excluyente, y entra a cuidados intensivos ante los ojos del mayor centro de vigilancia y control como lo es la ciudadanía, las personerías y, sobre todo las contralorías deben reinventarse, desde sus planes estratégicos que deben formular desde este mes de abril, deberían promover la transparencia absoluta 7×24 en las gobernaciones, alcaldías y entes descentralizados, el reporte oportuno, veraz y verificable de información sobre la gestión y resultados en general; y en especial, sobre la ejecución del presupuesto y de los contratos que suscriban; y deberían realizar auditorías virtuales articuladas con el control social, de tal manera que puedan ejercer un control en tiempo real, más eficaz y eficiente, con el uso de las tecnologías de la información.

Los ciudadanos podemos llegar a donde la Ley no le permite a los auditores e investigadores por las prohibiciones del aislamiento obligatorio, porque desde nuestras casas podemos apreciar si los contratos se ejecutan, si los servicios se prestan o si los bienes se entregan; en este aspecto es primordial contar con una plataforma que le permita los veedores, lideres, padres de familia o ciudadanos en general servir a las contralorías de soporte o de canal de información con reportes de imágenes o videos sobre ejecución de obras, de contratos o la prestación de servicios por parte de los entes. En el mismo sentido, puede organizarse a la población para que reporte la cantidad y calidad de elementos que reciben por concepto de alimentos, ayudas o de auxilios. Sería una forma de pasar del dicho al hecho, del control formal al control real, y de demostrar que el control territorial y social es mejor y más eficaz que los demás controles. Si no lo hacemos los ratones seguirán de fiesta porque los gatos están de vacaciones.