Brujería y proceso engavetado
El Centro de Investigación en Energías Renovables, con sede en Puerto Carreño, fue pensado como una solución al problema energético del sur del país. Terminó en un escándalo de presunta corrupción que ahora está varado en los anaqueles de la Corte Suprema y de un juzgado local.
El Centro de Información de Investigación de Energías Renovables (CINER) se edificó en el año 2015 como uno de los proyectos más ambiciosos a nivel científico en nuestro país, el cual sería desarrollado en el departamento de Vichada, prometiendo ser un referente mundial, además de significar una ventana hacia el progreso, en una región ubicada entre las tinieblas y el olvido estatal; sin embargo, después de treinta mil millones de pesos y seis años de espera, el revolucionario proyecto se ha convertido en otro elefante blanco más de nuestro país.
El paso del tiempo y los evidentes incumplimientos por parte de la administración regional, generaron dudas acerca del proceso de contratación que se realizó durante los meses de octubre de 2015 a junio de 2016 y, que presuntamente habían terminado en sobrecostos, con una millonaria pérdida y la inobservancia de los procesos estatales para la contratación.
Estas aparentes irregularidades llevaron a las autoridades a iniciar varios procesos penales en contra de funcionarios públicos y particulares, que presuntamente se habrían confabulado para desfalcar el proyecto y apropiarse del dinero que el Estado había destinado al mismo.
Uno de estos procesos está siendo adelantado por la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de funcionarios públicos de la orden departamental que gozan de un fuero especial, como lo son el exgobernador del Vichada, Sergio Andrés Espinosa y el exgobernador encargado, Manuel Alberto Villalba, quienes son investigados por los delitos de peculado agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores.
Por otra parte, en relación con los no aforados, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño adelanta proceso penal en contra del exsecretario de planeación, Julio Cesar Flores; del exjefe de compras y suministros de la Gobernación, Carlos González Arias y del ex contratista German Salas Rodríguez. Además, se adelanta indagación en contra del ex contratista Cesar Augusto Zambrano, por parte de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, a cargo del doctor Andrés Felipe Vásquez Umaña, este último es el encargado de determinar cuándo imputa cargos a Zambrano, aunque el Director Seccional de Fiscalías de Bogotá doctor José Manuel Martínez, ya lo había citado a imputación hace mas de dos años y el ex contratista no asistió.
Pese a la elevada suma de dinero desfalcada y a que los hechos tuvieron lugar hace más de seis años, estos procesos no han sido atendidos adecuadamente por la justicia colombiana, por ejemplo, en el caso que tramita la Corte Suprema de Justicia, bajo ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, no se ha fijado fecha para realizar formulación de acusación, pues la Sala se encuentra evacuando primero las audiencias de otros asuntos que tienen mayor prioridad, provocando una parálisis en el proceso de más de dos años.
Similar situación se aprecia en el proceso adelantado por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, ya que sufrido varios obstáculos y una accidentada audiencia de formulación de acusación, pues en distintas oportunidades se ha intentado realizar aquella diligencia, pero se han presentado recusaciones y aplazamientos, siendo el último de estos el pasado 9 de septiembre de 2021, fecha en la que no se realizó la audiencia por inconvenientes relacionados con el representante de la Fiscalía.
Este desfalco no para de generar controversia en el Vichada, no solo por las evidentes pérdidas que sufrió la administración local, sino también porque las autoridades parecen no estar interesadas en resolverlo, aun cuando el entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le dio a este caso el carácter de prioritario y lo publicó en la página oficial de la entidad como un logro más del ente acusador.
Al parecer, nada en este caso es suficiente para lograr avanzar, y lo mas curioso aun, la última fecha para la audiencia de acusación, prevista para el mes de diciembre, tampoco se pudo realizar, ya que la Juez se declaró impedida, aparentemente porque alguno de los procesados le está haciendo brujería o hechicería.
