¿Una megacárcel..?

Por: Victor Herrera @vherreram

Todavía recordamos el cruento episodio de la cárcel distrital del Bosque en donde casi 30 de presos resultaron heridos luego de enfrentamientos entre ellos durante por lo menos 4 días. Al final resultó que lo único claro es que salió un director del penal y entró otro.

La inquietud que nos queda es: sí las autoridades distritales, las 65 personas de la empresa de vigilancia privada contratada por la Alcaldía, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía no son capaces de controlar lo que geográficamente corresponde a una manzana del barrio el Bosque en Barranquilla, en donde está ubicada la cárcel, con 360 individuos hacinados en su interior, con altas restricciones de movilidad y de comunicaciones con el exterior y que solo reciben visita en unos horarios y días establecidos durante el mes –y en la cual ingresaban, traficaban y consumían alcohol y alucinógenos e ingresaban y utilizaban celulares y armas blancas en medio de las riñas– ¿cómo van a poder controlar una Megacárcel con 5.000 reclusos, cuya construcción acaba de aprobar la Asamblea del departamento, que quedaría en inmediaciones del municipio de Candelaria?

Con razón han comenzado las protestas de habitantes y políticos de este municipio, al sur del departamento, que no están de acuerdo con que en sus alrededores se construya una Megacárcel. Todo parece indicar que no se hizo la debida y suficiente socialización, seguramente para evitar que también allí fuera rechazada su construcción como ha pasado ya en otros 3 municipios.

Y vamos más allá: ¿cómo hace un solo agente de Policía del programa denominado “Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes” para ejercer el control y vigilancia en varias manzanas a través de varias cuadras de un barrio en Barranquilla? ¿Podemos confiar entonces en que la policía puede cuidar a casi 1,3 millones de habitantes que tiene a todo lo largo y ancho la ciudad? ¿Y a casi 2,6 millones que tiene el departamento del Atlántico…?

De otro lado, en el Congreso están cursando actualmente dos proyectos de Ley que si bien persiguen claros objetivos punitivos van seguramente a complicar la situación carcelaria.

Se trata, en primer lugar, del proyecto presentado por iniciativa del propio Presidente de la República mediante el cual se establecería la Cadena Perpetua para violadores y/o asesinos de niños. O sea que estos criminales estarían de por vida en las cárceles. Lo más aterrador es que, según datos de Medicina Legal, en promedio cada 22 minutos se viola o se asesina a un niño en el país, según las denuncias que se conocen. Quiere decir que en solo las denuncias instauradas (que no son todos los casos reales) tendríamos cada año más de 25 mil nuevos condenados a cadena perpetua.

El otro proyecto es el de no otorgarle el beneficio de casa por cárcel a quienes hayan sido condenados por casos de corrupción (lo único que quedó de la fallida Consulta Anticorrupción). Es decir deberán pagar sus condenas en las cárceles. No sería fácil establecer el número de reclusos que ocasionaría esta norma. Son muchos y de todos los niveles de la administración pública.

Con lo que se avecina no solo habrá que construir una nueva Megacárcel en Candelaria sino en muchísimos municipios del país.

Por su parte, este gobierno, tan privatizador como todos los que tienen el sello Uribe y aprovechando la situación, está presentando un proyecto para ampliar la esfera de las famosas y controvertidas Alianzas Público-Privada (APP) y cobijar bajo esa figura a hospitales, colegios y, por supuesto, cárceles.