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Alarma por carteles de corrupción que operan en la U.R.I. Barranquilla – LaMetroNoticias.com

Alarma por carteles de corrupción que operan en la U.R.I. Barranquilla

22 de agosto de 2019Judiciales
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Defensores públicos, policías y presos, estarían vinculados a los carteles.

Sí en algunas ciudades del país llueven los carteles de la corrupción, en Barranquilla no escampa.

Lo anterior se desprende de una serie de hechos irregulares que se vienen registrando al interior de la Unidad de Reacción Inmediata, U.R.I., de la Fiscalía Seccional de Barranquilla, hechos estos que vuelven a empañar la buena imagen de la administración de justicia en la capital del atlántico.

De acuerdo a informaciones conocidas por LAMETRONOTICIAS.COM, en la U.R.I. Barranquilla, estarían funcionando varios carteles de corrupción donde al parecer estarían vinculados funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Policías, abogados y hasta internos de las carceleta que mantienen el dominio de las mismas, al parecer con la complacencia de uniformados, quien permiten el ingreso de droga y otros elementos prohibidos a las celdas provisionales, pero que muchos llevan varios meses en ellas porque supuestamente no hay cupos en los centros carcelarios donde ellos deben cumplir con las penas impuestas, pero debido supuestamente a prelaciones con que cuentan, su traslado está muy lejos de producirse.

 

LOS CARTELES

De acuerdo a las informaciones obtenidas por personas que solicitaron que se mantuviera su reserva, los carteles vienes funcionando desde hace mucho tiempo pero que ya no aguantan un día más de hacerlo público.

El primero de los casos de corrupción es el llamado “Cartel de los Internos” que sería manejado por uno o dos internos, quienes son los que mandan y tienen el dominio de las celdas, venden drogas, cobran extorsiones a otros internos para que supuestamente no les pase nada, le roban las pertenencias a los que llegan nuevos como objetos de valor entre ellos: zapatos, prendas de vestir, anillos y reloj.

Con este cartel donde reina el silencio y el que hable será golpeado salvajemente, opera con la complacencia de algunos uniformados.

El segundo es llamado “El Cartel del Defensor”, el cual estaría conformado por miembros de la Policía, Fiscales, y Defensores Públicos.

Este cartel ha sido muy criticado por familiares de las personas capturadas o indiciadas y abogados contractuales, el cual es violatorio de los derechos fundamentales: al debido proceso, a la defensa técnica y a la libertad, entre otros, además de algunas normas legales.

Según se ha podido conocer, en este cartel los defensores públicos quienes estarían como garantes y vigilantes para que no se violenten los derechos de los capturados, estarían haciendo lo contrario a favor de fiscales y policiales para enderezar supuestamente sus malos procedimientos en capturas y actos urgentes, para posteriormente alegar que el proceso estuvo vigilado por un defensor público y que posteriormente se le notifica a su abogado contractual.

Es decir que el capturado o indiciado primero es atendido por el defensor público, cuando la norma indica que una vez capturada la persona tiene derecho a una llamada telefónica y a entrevistarse con su abogado inmediatamente, hecho que no se viene registrando en la U.R.I. por el famoso cartel.

El tercer cartel conocido hasta ahora como “El Cartel Policial”, es dirigido por miembros de la Policía quienes una vez hacen efectiva las correspondientes capturas llaman a los abogados amigos, para que estos, atiendan el caso, sin permitirles a los indiciados que busquen al abogado de su confianza, lógicamente los uniformados reciben un porcentaje por cada persona capturada que le presenten al abogado que hace parte de su listado.

Lo anterior quedó al descubierto cuando abogados contractuales pedían entrevistarse con las personas privadas de la libertad y estas les respondían que el policía le buscó al abogado amigo suyo.

Lo cierto es que entrevistados algunos abogados quienes ni afirman ni niegan sobre los carteles manifiestan que la verdad es que la oficina de la defensoría pública no debería funcionar en la U.R.I., sino en el Centro de Servicios Judiciales, para evitar esos comentarios.

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