Bachilleres en la calle

Un reciente comunicado de prensa de la Universidad del Atlántico afirmaba, casi con orgullo, que 2.518 estudiantes fueron admitidos en esa institución para cursar el segundo semestre del presente año.

A los periodistas nos toca entonces decir el resto de la verdad, la noticia completa: “..Por falta de capacidad física de la institución solamente fueron admitidos 2.518 estudiantes de un total de 30 mil bachilleres que se presentaron para cursar los diferentes programas de la Universidad del Atlántico durante el segundo semestre del 2019”. El comunicado oficial no reconocía lo verdaderamente grave: más del 90% de los que se presentaron a las pruebas fueron rechazados..!!

Como sociedad debería alarmarnos de que 27.500 jóvenes adolescentes que han cursado por lo menos 12 años de estudios (preescolar, primaria y bachillerato) que han presentado las pruebas Icfes y que, por sus escasos recursos, aspiran a ingresar a la única universidad pública que existe –para cursar sus estudios superiores, adquirir conocimientos, graduarse en una carrera, obtener un título profesional, acceder al mercado laboral, cumplir sus sueños e ilusiones de realizar su proyecto de vida y convertirse en profesionales, empresarios, padres de familia y ciudadanos que puedan aportar para construir un mejor país– no hayan podido ser admitidos en la institución que sus capacidades económicas les permite.

¿A dónde van a parar entonces estos jóvenes que alguna vez tuvieron la ilusión de “Ser alguien en la Vida” si la comunidad en la que viven no les proporcionó los elementos básicos para conseguirlo? ¿A qué condición social, económica y sicológica los estamos arrojando al no ofrecerles la oportunidad de educarse? ¿Qué camino les queda por tomar si nosotros, como sociedad, les cerramos todas las posibilidades para desarrollar sus capacidades dentro de los cánones morales y legales aceptados por todos? ¿A qué los estamos exponiendo? ¿A qué nos estamos exponiendo?

Muchos de ellos, frustrados por la falta de oportunidades, escogen el camino fácil de las drogas y/o la distribución de las mismas, el pandillismo, la prostitución juvenil, los embarazos a temprana edad o el de las bandas delincuenciales que azotan diferentes sectores de la ciudad o, en el “mejor” de los casos, son los protagonistas del “rebusque” que aumenta cada vez más las estadísticas de la informalidad en sus diversas manifestaciones y que hoy bordea el 60% en Barranquilla (de cada 100 ocupados 60 son informales, sin protección social ni pensión).

Y después nos quejamos de lo impresionante que ha crecido el micro tráfico o del incremento inusitado de las riñas y los robos de celulares y de residencias o del número creciente de jóvenes que participan en actos delictivos o que son víctimas de abusos o detenidos por la policía por delitos como el porte ilegal de armas de fuego, entre otros.

Pero además pedimos al gobierno nacional que ante tanta inseguridad aumente el número de policías porque no alcanzan los 5 mil agentes destacados para esta ciudad ni los 2.000 cupos de nuestras cárceles. No seamos cínicos. Nunca van a alcanzar, nunca serán suficientes, mientras sigamos arrojando a las calles cada 6 meses a 27. 500 jóvenes a que se rebusquen como puedan.

La pregunta pertinente: ¿Estamos invirtiendo nuestros impuestos en lo esencial: en la construcción de un ser humano que nos garantice una mejor sociedad? ¿Estamos priorizando, por encima de otras obras suntuosas, la implementación de suficientes cupos en educación profesional, técnica o tecnológica (presencial o virtual) para no dejar por fuera de la formación que redunde en oportunidades en la vida a casi 30 mil bachilleres barranquilleros cada semestre?