Conozca a los congresistas que aprobaron ‘el orangután’ que afectaría la libertad de prensa en Colombia

El artículo ha sido fuertemente criticado

Continúa la polémica en el país, luego de que recientemente fuera aprobado en sesión plenaria de la Cámara de Representantes, el artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción, el cual establece como nuevo delito “la injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, con pena de hasta 10 años de cárcel. Lo anterior, ha sido considerado por muchos como una mordaza a la prensa en el país. El proyecto en su etapa final contó con la ponencia del representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy.

Cortesía Fabián Díaz, representante a la Cámara

Partido Conservador: Felipe Muñoz, Germán Blanco, Juan Rivera, José Padilla, Félix Chica, Emeterio Montes, Diela Benavides, Nidia Osorio, Buenaventura León y Armando Zabaraín.

Cambio Radical: Jaime Rodríguez, Óscar Arango, César Lorduy, Néstor Rico, José Pinedo, José Amar, Jorge Benedetti, Gloria Zorro, Karen Cure, Eloy Quintero, David Pulido, Ciro Fernández, Carlos Cuenca y Aquiles Medina.

Partido de la U: Faber Muñoz, Anatolio Hernández, Wilmer Carrillo, Teresa Enríquez, Mónica Raigoza, Milene Jarava, José Salazar, Jorge Burgos, Óscar Lizcano, Hernando Guida, Erasmo Zuleta, Astrid Sánchez y Alonso del Río.

Partido Liberal: Víctor Ortiz, Óscar Sánchez, Nubia López, Nilton Córdoba, Kelyn González, Jhon Roldán, Elizabeth Jay-Pang y Álvaro Monedero.

Centro Democrático: John Bermúdez, Christian Garcés, César Martínez, Milton Angulo, Luis Gómez, José Uscátegui, Hernán Garzón, Henry Cuéllar, Héctor Ortiz, Gustavo Londoño y Edward Rodríguez.

Partido Mira: Irma Rivera.

«Es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa: Iván Duque»

Cabe mencionar, que sobre el tema, a través de sus redes sociales, se refirió el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien aseguró: “Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”, precisó el mandatario.

Según trascendió, la disposición que podría ser agregada al Código Penal, contemplaría que “cuando profiera injuria y calumnia en contra de un servidor público o ex servidor público, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria y la utilice para cometer el delito, el juez de control y garantías o el juez de conocimiento, según el caso, previa solicitud del fiscal o la víctima, ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004″.

Es de precisar que entre las organizaciones que se pronunciaron en contra de la aprobación del artículo, estuvo la Misión de Observación Electoral MOE, para la cual, el artículo, “restringe la veeduría que hacen la ciudadanía, medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil a los funcionarios y exfuncionarios públicos”, lo cual atenta contra los principios de una sociedad democrática que nuestra constitución garantiza desde su preámbulo”, detalló la organización.