Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal a la EPS Medimás
Por irregularidades en manejo de $234 mil millones que le giró la ADRES, también fueron vinculados como presuntos responsables además de la EPS, sus presidentes y representantes legales durante el periodo 2017 y 2018. También la IPS Esimed.
Tras culminar una indagación preliminar, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal a la EPS Medimás por presuntas irregularidades en el manejo de $234.191 millones de pesos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.
El organismo de control también vinculó como presunto responsable a la IPS Estudios e Inversiones Médicas – Esimed S.A., a la cual la EPS giró anticipos por $71.675 millones con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que a la fecha no han sido legalizados.
Dentro de las indagaciones realizadas también se encontraron registros contables de pagos superiores a los valores facturados por las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud por la suma de $102.898 millones, así como el pago de medicamentos con precios superiores a los regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos en cuantía de $32.406 millones, y $21.430 millones por servicios médicos con valores superiores a los contratados con su red de prestadores.
Adicionalmente la EPS Medimás habría pagado un poco más de $144 millones por servicios médicos prestados antes del 1 de agosto de 2017, a pesar de que apenas en dicha fecha fue autorizado su funcionamiento por la Superintendencia Nacional de Salud.
Tambien habría pagado 884 facturas por más de $360 millones a pesar de que se encontraban anuladas y $5.275 millones por facturas glosadas, o sea que no cumplían con requisitos legales para su pago.
Por estos hechos fueron vinculados además de la EPS MEDIMAS, sus presidentes y representantes legales durante el periodo 2017 y 2018, así como los vicepresidentes financieros y gerentes de tesorería de la época, sobre los cuales se ordenó la búsqueda de bienes y serán citados a rendir versión libre.
