¿Corrupción judicial?: Libertad de posibles desfalcadores revictimiza a empleados de Uniautónoma

Por John Acosta

Verse obligado (por la autorregulación) a usar la palabra “posibles” en el titular de este artículo (cuando a uno le tocó padecer en carne viva el accionar de los “presuntos” culpables) es otra forma cruel e inhumana de revictimización. Y resulta que este artículo resulta de otra revictimización de que hemos sido objetos por culpa de la ¿inoperancia, corrupción? de la justicia colombiana: ¿cuántas veces seremos revictimizados ante los ojos indolentes de la sociedad, que mañana le abrirá las puertas de sus salones putrefactos a los nuevos “ricos”, productos del “corone” en su desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe?

¡Por Dios!

Duele profundamente el alma cuando uno ve fallar (literalmente) a la justicia de este país. Y más penetrante es esa aflicción cuando se es víctima del protagonista que la justicia trata con benevolencia (por decirlo con suavidad). La impotencia de ver que quedarán en la total impunidad todos los padecimientos sufridos por la crueldad y desfachatez del victimario es tan miserable e invivible como los meses en que fuimos actores del drama humanitario padecido por culpa de los inmisericordes a los que hoy la justicia se pliega con total cinismo.

LA AMISTAD TRAICIONADA

Les brindé mi amistad sincera, sin reservas (como lo acostumbramos a hacer en mi tierra guajira), a las tres cabezas más visibles, presuntos determinadores de la compleja situación financiera que aún padecemos en la Universidad Autónoma del Caribe. Ya he contado en este mismo blog cómo a Ramsés Jonás Vargas Lamadrid lo conocí en nuestra época de estudiantes, allá en la Universidad de La Sabana: él estudiaba Derecho y yo, Comunicación Social y Periodismo. Casi dos años después de haber sido nombrado Rector de la Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas me ofreció la Dirección del Departamento de Humanidades y yo se la acepté; dos o tres días antes del paro que iniciamos para sacarlo de la Rectoría, fui a su oficina a reclamarle por la agobiante situación en que nos mantenía a los empleados de la universidad; fue una discusión tensionada, en la que me permití el atrevimiento de decirle muchas verdades; al final, supongo que, dolido por el precario escenario que le describí, me pidió que le aceptara un préstamo (tan amable él): sacó de su bolsillo cinco billetes de 50 mil pesos y me los entregó; le dije que, de todas formas, íbamos a hacer el paro. Todavía le debo los 250 mil pesos que me prestó ese día.

Es posible que con esta aceptación pública de mi deuda económica con él, Ramsés Vargas decida cobrarme judicialmente (y con intereses); y, de hacerlo, lo más seguro es que también aquí terminará la justicia dándole la razón a él. No sería raro, si se tiene en cuenta que, hace pocas semanas, él ganó la acción de tutela que obligó al Fondo de Empleados y Profesores (FEP) de la Universidad a pagarle a Ramsés Vargas lo que él había ahorrado; esto no sería legalmente extraño si los empleados no supiéramos que la administración de Ramsés Vargas, prácticamente, también arruinó al FEP, pues nos descontaban a todos los trabajadores los aportes al Fondo y las cuotas de los préstamos que el Fondo nos había hecho, pero nunca le consignaban al FEP ese dinero que nos deducían; por eso, nos pareció un descaro de su parte que le exigiera al Fondo que le devolvieran sus aportes; y, peor, aún, que también aquí le diera la razón la justicia.

A Pedro José Sierra García lo conocí cuando Ramsés Vargas lo nombró Vicerrector Administrativo. Me pareció un tipo bonachón; sin embargo, cuando ya la asfixia financiera comenzó a hacer estragos en mi hogar, empecé a tener largas y duras discusiones con él, tanto presencial como por teléfono. Mi reclamo frecuente era que cómo es posible que llevaban dos años diciéndonos que en dos meses se solucionaría el asunto. Su respuesta era siempre la misma: que era imposible recuperar en cuatro años lo que Silvia Gette había destruido en 10.

A Jesús David Pantoja Mercado lo conocí cuando Ramsés Vargas le llevó como empleado de la Oficina Jurídica de la Universidad Autónoma del Caribe; de ahí fue ascendido a secretario general de nuestra alma mater.

Pedro Sierra, Jesús Pantoja y Johana Martina Hildebrandt Royo, entonces vicerrectora financiera de la universidad, fueron quienes me notificaron la decisión de bajarnos el 25% de nuestro salario a unos 30 funcionarios de la universidad, un terrible e ilegal golpe del cual, al sol de hoy, no me he podido recuperar.

En este blog publicamos varios artículos en los que insistíamos en la necesidad de que se hiciera justicia. Y celebramos la captura de los presuntos implicados en terrible drama que nos ha tocado vivir.

Y LA IMPUNIDAD SE CAMPEA

En diciembre de 2019, Pedro Sierra fue dejado libre porque se venció el tiempo entre la presentación de escrito de acusación e inicio del juicio. La juez 14 penal de Barranquilla decidió dejarlo en libertad porque debían pasar 240 días y en total, según lo manifestado, pasaron 253. En su resolución, la juez confirmó que en efecto desde que se presentó el escrito de acusación el 2 de abril hasta el 11 de diciembre del año en curso, habían pasado 253 días.

El pasado 10 de febrero, un Juez de Barranquilla dejó en libertad por vencimiento de términos a Jesús Pantoja. Según la Fiscalía, Pantoja, Sierra Vargas y otros funcionarios de la Universidad habrían participado en la creación fraudulenta de un comité administrativo en donde se manejaron los dineros ingresados en efectivo por concepto de matrículas a finales del 2017 e inicios del 2018.

En cambio, el Juzgado de Barranquilla que lleva el caso de Ramsés Vargas Lamadrid, le negó la libertad por vencimiento de términos al ex rector de la universidad, que era solicitada por la defensa. La defensa de Ramsés Vargas alegaba que ya habrían transcurrido los 301 días de los 240 máximos que se tiene estipulado en el Código Penal para que se inicie el juicio desde que fue presentado el escrito de acusación; por su parte, la Fiscalía sostuvo que no había vencimientos de términos porque, al tratarse de un Grupo Delincuencial Organizado, se necesitarían 500 días para el vencimiento de los términos. En buena hora, la Juez acogió el concepto de la Fiscalía.

¿Por qué en los casos de Pedro Sierra y Jesús Pantoja la justicia no se acogió a los pertinentes argumentos de la Fiscalía, como lo hizo en el caso de Ramsés Vargas? Vaya uno a saber. Antes de tomar decisiones ligeras, sería bueno que esos jueces leyeran los testimonio de las víctimas que todavía sufrimos la canallada de quienes ahora se presentan como monjitas de la caridad. Esos testimonios los puedes encontrar en las páginas web de los medios de comunicación, que registraron los sucesos que algunos jueces pretender desconocer. Aquí en este blog encontrarán mucho de eso.

Ojalá prime la sensatez en los jueces de Barranquilla para que no nos sigan cercenándonos el alma al revictimizarnos indefinidamente con sus decisiones detestables sobre el evidente desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe.

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