Gobernador Caicedo interpondría denuncia penal y disciplinaria contra Juez Primero de Pivijay por irregularidades en tutela

El Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo podría interponer en las próximas horas una denuncia penal y queja disciplinaría contra el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Bonnet Pérez, quien, es señalado de tramitar irregularmente la acción de tutela presentada por la exgerente del Hospital Santander Herrera de ese municipio, Mayra Castro Britto.

Así lo dio a conocer el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de a Gobernación, José Humberto Torres, luego que la exgerente presentó su renuncia voluntaria del Hospital y posteriormente acudió a la tutela al considerar que con la expedición del Decreto de aceptación de su renuncia se le vulneraba su mínimo vital en su calidad de madre cabeza de familia, cuya acción acogió el Juez que, según la administración departamental, se ha parcializado en favor de Mayra Castro.

Como prueba de la parcialidad del Bonnet Pérez, la Oficina Jurídica reveló que el pasado viernes el funcionario judicial negó la participación de la Gobernación en las diligencias de declaración jurada, recibida a exgerente y al Personero Municipal de Pivijay, actuación que, según Torres, pone de presente la falta de garantías judiciales.

Para el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación, “a la luz de los postulados constitucionales no es permitido al Juez decretar pruebas y después, abstenerse de permitir a la Gobernación, en su calidad de parte demandada, ejercer sus derechos de defensa y contradicción, resultando incontrovertible la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ostensible la arbitrariedad judicial y la parcialidad a favor a la accionante”.

El Funcionario departamental también cuestionó la conducta de Castro Britto, quien “ha manifestado ser madre cabeza de familia cuando es un hecho notorio, de público conocimiento, que convive con el padre de sus dos 2 menores hijos en un exclusivo sector de Santa Marta, lo anterior se colige en razón a lo manifestado por la propia Castro Britto, quien en sesión de calenda del 11 de junio de 2021 ante la Asamblea Departamental, manifestó que temía por su vida y la de su familia, la de su esposo e hijos”, afirmación la cual a toda luces es un indicio más de la inexistencia de tal condición de madre cabeza de familia de la exgerente.

“Es censurable como en abierta ofensa a la conciencia humana, la señora Castro instrumentaliza a sus hijos de 6 y 3 años, recurriendo a la mentira con el fin de inducir el error al juez, comportamiento que configura un fraude procesal”, señaló Torres.

El Jefe Jurídico de la Gobernación, también denunció que el 26 de mayo de 2021, 15 días después de habérsele comunicado la aceptación de su renuncia, Castro Britto, celebró, en representación del Hospital, un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con Andrea Collazos Moya, esposa de Álvaro Orozco, hermano del Personero Municipal de Pivijay Ernesto Sierra Orozco, que el pasado viernes declaró a favor de la exgerente, lo que apunta a un intercambio de favores con recursos públicos, con la gravedad que el acta de inicio fue firmada por Mayra Castro, quien ya no ostentaba la calidad de empleada pública del Hospital.

“Nos encontramos ante una estrategia sistemática y orquestada entre algunas autoridades locales y aquellos sectores que han usufructuado históricamente los recursos de la salud; pues el Juez Primero Promiscuo Municipal de Nueva Granada, Edgar Alexander Aponte López, también incurrió en irregularidades sustanciales que violaron el debido proceso en el trámite de la acción de tutela que falló a favor de la Gerente del Hospital de Nueva Granada, donde el Juez, desconociendo el principio de igualdad de armas, procedió a valorar las pruebas presentadas por la accionante y excluyó del proceso, sin argumento alguno, las pruebas aportadas y solicitadas por la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación”, agregó el secretario.

Finalmente, Torres manifestó que si los jueces de tutela persisten violar los derechos de la Gobernación, “la administración departamental no dudará en interponer todas las acciones jurídicas pertinentes para evitar que el ejercicio abusivo de la acción de tutela se convierta, en manos de jueces sin rigor, en una especie de caja de pandora para amparar los más disimiles y reprochables intereses”.