Por incumplimientos contractuales, desde Cormagdalena se iniciaron 32 procedimientos administrativos sancionatorios
27 de agosto de 2020Colombia
El no pago de la contraprestación, la no presentación o ejecución del plan de inversiones, la no actualización de pólizas o la no ejecución de la obra, fueron algunas de las razones para que Cormagdalena iniciara procedimientos administrativos sancionatorios entre noviembre de 2018 y agosto de 2020
Un total de 32 procedimientos administrativos sancionatorios ha iniciado la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), a contratistas que incumplieron por distintas razones el objeto de sus contratos entre noviembre de 2018 y agosto de 2020.
Pedro Pablo Jurado, Director de Cormagdalena, aseguró que entre las causas de los incumplimientos se encuentran el no pago de la contraprestación, la no presentación o ejecución del plan de inversiones, la no actualización de pólizas y la no ejecución de la obra, entre otras.
El director de Cormagdalena explicó que, de los 32 procedimientos sancionatorios abiertos en ese período, 15 se han finalizado con resolución adoptando decisiones de fondo, 13 se encuentran activos y cuatro están en ajustes de informe por parte de sus interventorías, para su posterior proyección de citación. La Corporación en los procedimientos iniciados por presuntos incumplimientos graves y caducidad, estudia la adopción de medidas de control e intervención necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual, en consonancia con las facultades señaladas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.
Por este motivo, de los 15 procedimientos finalizados, la Corporación adoptó las siguientes decisiones: cuatro cerrados por cumplimiento, seis ordenan archivo, tres regularizados (medidas administrativas para garantizar la ejecución del objeto del contrato), uno con imposición de multa y uno con su declaratoria de caducidad.
Dentro de las decisiones adoptadas, se destaca la imposición de una multa al Concesionario Sociedad Portuaria Parques Urbanos S.A. por valor de 125.702.550 pesos. También está la declaratoria de caducidad, que afectó su cláusula penal, para el Concesionario Sociedad Administradora Portuaria Puerto Berrio S.A. por un valor de 75.012.812 pesos, con las consecuencias que de ella se derivan y establecidas por los artículos 8 y 18 de la Ley 80 de 1993.
Actualmente, de los 13 procedimientos activos, dos se encuentran surtiendo la etapa probatoria, uno para decisión, en dos la Entidad se encuentra resolviendo los recursos de reposición por la declaratoria de caducidad e incumplimiento para afectar cláusula penal, seis están en etapa de audiencia de instalación y dos están para estudio.
“Desde nuestra Oficina Asesora Jurídica estamos trabajando en la regularización de los contratos, pero si no llegamos a un acuerdo, los incumplimientos nos pueden llevar a la imposición de una multa o a la declaratoria de caducidad del contrato, como ya sucedió con una concesión portuaria. Esto demuestra el compromiso de Cormagdalena con la regularización de aquellas concesiones portuarias que no se encuentran cumpliendo con sus obligaciones contractuales”, explicó Jurado.
El director de Cormagdalena destacó que, de la mano de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte y la Contraloría de la República, la Corporación se encuentra adelantando una mesa de trabajo exploratoria junto con las concesiones portuarias, para analizar el impacto que ha tenido la pandemia del Coronavirus COVID-19 en el cumplimiento de los contratos y cómo se pueden buscar alternativas para mantener e incrementar la actividad económica en la Zona Portuaria de Barranquilla.
