Por posible crisis de usuarios, ASOSEC promueve medidas ante la SuperSociedades
La Asociacion Colombiana de Seguridad-ASOSEC, pidió a la Superintendencia de Sociedades intervenir ante el Gobierno Nacional para adoptar medidas transitorias que ordenen una reclasificación en la calificación, graduación de créditos y determinación de derecho de votos de las sociedades y cooperativas prestadoras de servicios de vigilancia y seguridad privada.
Así lo dio a conocer Vanesa Cure Anturi, directora ejecutiva de ASOSEC, quien explicó que la solicitud se hace con base al Art. 29 de ley 1116 del 2006 y modificado por el Art. 36 de ley 1429 del 2010 que busca proteger los derechos laborales y económicos de los trabajadores del sector.
En el documento que también fue radicado ante la Superintendencia de Vigilancia firman, la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad – ACES, la Corporación Nacional de Empresas de Seguridad – CONASEGUR, la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada – ACASEP, la Asociación de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada de Boyacá – ASOVIBOY y la Asociación Colombiana de Cooperativas de Vigilancia Privada – ASCOOVIP, que advierten un posible detrimento en su patrimonio, debido a las cargas económicas que vienen soportando en el marco de la emergencia sanitaria que se vive por cuenta del covid-19.
Cure Anturi expresó la preocupación del gremio de seguridad privada en Colombia, por los efectos que pueda generar el decreto legislativo 560 de 2020 emitido por el Gobierno Nacional, y por medio del cual se adoptan medidas transitorias frente a procesos de insolvencia, a propósito del estado de emergencia económica, social y ecológica con vigencia anunciada de dos años.
“Hemos trazado una línea de acciones para aunar esfuerzos entre la SuperSociedades y Supervigilancia a fin de establecer alternativas legales que permitan preservar los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores de la vigilancia privada”, aseveró la directora ejecutiva de ASOSEC, Vanesa Cure Anturi.
Agregó la dirigente gremial que, entre las consideraciones establecidas en la solicitud a la SuperSociedades, se destaca entre otros, el Régimen de Insolvencia Empresarial, contenido en la Ley 1116 del 2006, que tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación o conservación de la empresa como fuente generadora de empleo.
