Procuraduría abrió investigación disciplinaria a los alcaldes de Ponedera y Barona, igualmente a un concejal de Galapa
Por presunta violación de las normas de bioseguridad frente a la COVID-19
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a los alcaldes de Ponedera y Barona, Atlántico, Diana Carolina Martínez Forero y Roberto Carlos Celedón Venegas (2020-2023), por presuntamente violar los protocolos de bioseguridad para prevenir la transmisión de la covid-19, al participar en una fiesta de cumpleaños y una parranda vallenata, respectivamente.
Así mismo, abrió investigación contra el concejal de Galapa, Atlántico, Fabián Alberto Bonett Berdugo, quien al parecer habría sido sorprendido desacatando las normas de autocuidado y distanciamiento social, así como la ley seca establecida en el municipio.
El ente de control investiga si la alcaldesa de Ponedera el pasado 29 de noviembre habría acudido a la fiesta de cumpleaños de su hermano, desatendiendo el uso obligatorio de tapabocas y las medidas de distanciamiento social.
En un segundo proceso, investiga si el alcalde de Baranoa habría incurrido en falta disciplinaria, al aparentemente asistir a una parranda vallenata en una finca del corregimiento de Campeche, cuando el municipio se encontraba en toque de queda, que el mismo mandatario impuso hasta las 5:00 a.m. del martes, 8 de diciembre.
La PGN requirió a las inspecciones de Policía de Ponedera, Baranoa y Galapa, certificar si a los alcaldes y al concejal les fue impuesto algún comparendo por desatención de las normas para hacer frente a la pandemia del covid-19.
También solicitó copia de los decretos que establecieron el distanciamiento social y el auto cuidado y los toques de queda y ley seca en los municipios de Baranoa y Galapa.
Con las aperturas de investigación, la Procuraduría Provincial de Barranquilla busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Los funcionarios podrán solicitar ser escuchados en versión libre si así lo desean.
