Reed de Veeduría pide a la Contraloría General investigar el ‘Cartel de los Embargos’

Denuncia que varios juzgados en el país embargan irregularmente millonarios recursos “inembargables” destinados a la salud de los colombianos.

El abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente y fundador de la Red de Veeduría de Colombia, solicitó a la Contraloría General de la República ejercer, de manera inmediata y con carácter urgente, control fiscal concomitante y preventivo sobre los recursos de salud depositados en cuentas maestras, específicamente aquellos que son objeto de millonarios embargos y retenciones de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ,SGSSS o cuentas maestras que cuentan con destinación específica, especialmente por parte de despachos judiciales, en particular el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla.

Solicita al mismo tiempo adoptar las medidas necesarias y suficientes que el despacho estime convenientes,
“Se trata de una práctica indecorosa en la que se apresan los recursos inembargables de la salud. Se trata de dineros depositados en cuentas maestras, es decir, recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud, destinados por el presupuesto nacional, y que han sido embargados por algunos juzgados con criterios bastante cuestionables, dentro de los cuales se incluyen las prácticas en las que habrían incurrido, entre ellas las de un reparto amañado”, denuncia el abogado Pablo Bustos Sánchez.

El presidente de Red de Veeduría de Colombia señala como ejemplo el caso de la EPS Medimás, de la que afirma que más del 60 por ciento de los embargos de las demandas coejecutivas que cursan ante los juzgados civiles del circuito llegan al mismo juzgado, el cual asegura se trata del 13 Civil del Circuito de Barranquilla.

“A pesar de existir un lineamiento procedimental, que debe ser observado por todos los jueces de la República, el Juez 13 civil del Circuito de Barranquilla, con frecuencia omite pronunciarse sobre los recursos de reposición contra mandamientos de pago fundamentados con razones jurídicas de fondo, pasando simplemente por alto su respuesta y dando continuidad al proceso, pretermitiendo una actuación procesal”, afirma Bustos.

Denuncia igualmente que se le da una indebida aplicación a la disposición adjetiva sobre la acumulación de demandas ejecutivas, consagrada en el artículo 463 del Código General del Proceso, “permitiendo que cualquier demandante se acumule de forma indiscriminada, sin cumplir los requisitos procesales para ello, entiéndase para ello, el requisito de emplazamiento.”.

“Acostumbra decretar medidas cautelares con limites exorbitantes contrariando lo ordenado en el Código General del Proceso respecto de los límites de las medidas cautelares frente a las pretensiones del proceso.”
Y agrega: “De tal forma que el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, posiblemente se ha constituido como uno de los mejores exponentes de las prácticas irregulares en contra de los dineros públicos destinados al funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que se ven menoscabados cuando algunos jueces tergiversan los criterios objetivos, diseñados para proteger la naturaleza intocable de los recursos pertenecientes al Sistema General de Participaciones”.

Pablo Bustos Sánchez denuncia igualmente que en otros despachos de Barranquilla, como el Juzgado 15 Civil del Circuito y en ciudades como Neiva, Bucaramanga y Bogotá, entre otras, se han detectado patrones similares que afectan las salud y vida de cientos de miles de pacientes y usuarios del sistema de salud, y en especial de pacientes graves y con enfermedades de alto costo.

El abogado indicó que la liquidación de la EPS Coomeva se debió a los “embargos de sumas monstruosas, multimillonarias que se recibieron también por este mecanismo cuestionable que lo hemos llamado el ‘Cartel de la Salud’.

De acuerdo con la EPS Coomeva, varias Instituciones Prestadoras de Salud -IPS-, le pasaron recobros o facturas falsas y algunos juzgados, actuando a favor de las IPS, embargaron a Coomeva en siete procesos diferentes, en montos que ascendieron a los $136 mil millones.

La Red de Veeduría de Colombia ha radicado denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, así como disciplinarias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual ha remitido por competencia a las Comisiones Seccionales las solicitudes de investigación respectivas.

“Se hace necesario adoptar medidas preventivas para evitar el detrimento del patrimonio público, así como para amparar los derechos fundamentales a la vida y la salud de miles de usuarios y pacientes, como correctivas e investigativas para establecer la presunta responsabilidad fiscal por cuenta del embargo de recursos inembargables en materia de salud. Estamos frente a una situación reprochable en la que está de por medio la vida y la salud de miles de colombianos”, solicitó el abogado Pablo Bustos Sánchez.